LULAC: Sobre la aprobación del Plan de ESSA Florida

LULAC-logoFLORIDA- Mari Corugedo, directora estatal de LULAC Florida, emitió la siguiente declaración sobre la aprobación, por parte del Departamento de Educación Federal, del Plan de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA):

«Hoy, el Departamento de Educación aprobó indebidamente el plan de la Florida sobre la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). La secretaria de Educación, Betsy DeVos, tomó una mala decisión, a pesar de las reiteradas advertencias de los defensores de la Florida, las organizaciones estatales y nacionales acerca de que el plan de la Florida no debía aprobarse”.

“El plan de Florida pretende, aunque en realidad no lo hace, cumplir con los requisitos de la ley: proteger a nuestros estudiantes más vulnerables, proporcionar información clara y honesta sobre el desempeño de las escuelas o mejorar la calidad de la educación de todos los estudiantes de Florida. Ahora toca a la legislatura de Florida corregir este error. Llamamos a sus miembros a revisar la ley de responsabilidad educativa para exigir la inclusión del desempeño académico de los subgrupos y el progreso de los estudiantes del idioma inglés a fin de que consigan el dominio de este idioma en los cálculos que se utilizan para diferenciar las escuelas, tal como exige la ley ESSA, así como la evaluación en las áreas de contenido en idioma nativo para aquellos estudiantes que lo requieran. Nuestros hijos no merecen menos”.

“LULAC Florida se compromete a continuar apoyando iniciativas que hagan coincidir la ley de educación en Florida, la ley federal y el sentido común. Además, nos comprometemos a hacer sonar la alarma cuando la política estatal pueda dañar a nuestros estudiantes u ofender nuestras comunidades”.

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September 26, 2018
Contact: Mari Corugedo, 
fllulac@gmail.com, 3053894471

 Federal Approval of Florida’s ESSA Plan

FLORIDA- Mari Corugedo, state director for LULAC Florida, issued the following statement on the U.S. Department of Education’s approval of Florida’s Every Student Succeeds Act (ESSA) plan:

“Today, the U.S. Department of Education wrongfully approved Florida’s Every Student Succeeds Act (ESSA) plan. Secretary of Education Betsy DeVos made the wrong decision despite repeated admonitions from Florida advocates, state, and national organizations that Florida’s plan did not deserve approval. 

Florida’s plan pretends to but does not actually meet the requirements of the law, protect our most vulnerable students, provide clear and honest information about the performance of schools, or improve the quality of education of all Florida students. Now it is up to the Florida legislature to correct this wrong. We call on the members of the Florida legislature to revise education accountability law to require inclusion of subgroup performance and the progress of English language learners in achieving English language proficiency in calculations used to differentiate schools, as ESSA requires, and provide for native language assessment in the content areas for students for whom it is appropriate,  Our children deserve nothing less.  

LULAC Florida pledges to continue to support initiatives that would bring education law in Florida into alignment with federal law and common sense. We further pledge to continue to sound the alarm when state policy would harm our students or insult our communities.” 

 [The League of United Latin American Citizens (LULAC) is the nation’s largest and oldest civil rights volunteer-based organization that empowers Hispanic Americans and builds strong Latino communities. Headquartered in Washington, DC, with 1000 councils around the United States and Puerto Rico, LULAC’s programs, services and advocacy address the most important issues for Latinos, meeting critical needs of today and the future. For more information, visit www.lulac.org.]

 

EMILIO J. SÁNCHEZ: La escuela pública bajo asedio

nuestro-futuroPublicado en El Nuevo Herald, 07/28/2017

Más de la cuarta parte de los distritos escolares del estado —son 67— han mostrado su interés en presentar una demanda colectiva contra la Legislatura de la Florida. Varias juntas escolares ya han dado su visto bueno luego de que Broward hizo la propuesta inicial. En unos días Miami-Dade habrá de pronunciarse.

¿Cuál es la causa de esta insurgencia? Se trata de la ley HB 7069, firmada por el gobernador Rick Scottt y en vigor desde el 1 de julio. El mamotreto (nada menos que 278 páginas) incluye polémicas reformas para las escuelas públicas, desde kindergarten hasta 12 grado. La ley, cuyo presupuesto es de $ 419 millones, ha sido calificada por algunos analistas como la arremetida más violenta contra la escuela pública. Ataque por demás alevoso: los mismos senadores que la aprobaron, de manera apresurada y en secreto, reconocieron que el documento era defectuoso y tendría corregirse el próximo año.

Violación de la Constitución

Ahora bien, el motivo de la demanda no es el zafio procedimiento ni la tosca redacción. Los impugnadores esgrimen, para empezar, una violación esencial. Según la Constitución de la Florida, cualquier proyecto de ley debe circunscribirse a un solo tema. Sin embargo, la HB 7069 es un compendio, bastante incoherente —alegan los sufridos y escasos lectores—, de más de 50 proyectos de ley. Hay, desde luego, otras objeciones relacionadas con su contenido:

▪ Restringe la facultad de los distritos escolares para supervisar los contratos con las escuelas chárter.

▪ Asigna $140 millones a las llamadas “Escuelas de Esperanza” (Schools of Hope), nuevas chárter, pero no fija un estándar sobre cómo emplear ese dinero, por lo cual estas eludirían la fiscalización de la junta escolar local.

▪ Obliga a los distritos escolares a compartir el dinero público. Hasta ahora se consideraba ilegal que las chárter recibieran fondos provenientes de impuestos sobre la propiedad.

▪ Instala, de hecho, un segundo sistema de educación pública, aunque de carácter privado.

Como se aprecia, la alegación de inconstitucionalidad tiene que ver, más que todo, con las ventajas que reciben las escuelas chárter en detrimento de las escuelas públicas. En lo adelante, las primeras tendrían regulaciones menos restrictivas y fondos adicionales, lo cual les permitirá expandirse y rivalizar, en desleal competencia, con las segundas.

Entre esas ventajas, la más enervante es aquella que obliga a los distritos a compartir millones en fondos locales de los contribuyentes, concebidos durante años para la construcción y el mantenimiento de los colegios. De esta manera, el distrito escolar se vería obligado a recortar, en lo inmediato, programas de beneficio para las familias y estudiantes inmigrantes. Se estima que en los próximos cinco años el distrito de Miami-Dade tendría que desprenderse de $225 millones; Broward de $100 y Palm Beach de $92. ¡Propietarios, esperen subida de impuestos!

Show me the (public) money

El programa “Schools of Hope” también ha levantado chispas (¿es que acaso la escuela tradicional fomenta la desesperanza?). Bajo la ley, los operadores de las chárter podrían utilizar un fondo de $140 millones para abrir escuelas en aquellas áreas donde las públicas hayan obtenido calificaciones de D o F, al menos durante tres años consecutivos.

Durante su campaña, Donald Trump abogó por extender las escuelas chárter y distribuir más vouchers y becas. Se mostró partidario de lo que llamó una “fructífera competencia entre opciones educativas”. Con la elección de Betsy DeVos como su secretaria de Educación, la legislatura republicana de Tallahassee debe de haber recibido un fuerte estímulo: la multimillonaria empresaria es partidaria a ultranza del school choice y, por ende, adalid de la privatización de la educación.

Pero no es tan solo cuestión de doctrina: los diarios The Miami Herald y The Washington Post revelaron días atrás que varios legisladores floridanos poseen intereses en la industria de las chárter. Incluso la esposa del propulsor de la ley, el presidente de la Cámara Republicana de Florida, Richard Corcoran, fundó uno de esos centros en el condado Pasco.

Para vergüenza de la comunidad, los legisladores que patrocinaron la nefasta HB 7069 son originarios de Miami-Dade: se trata de Michael Bileca, R-Miami, presidente del Comité de Educación y director ejecutivo de la fundación que financia True North Classical Academy (chárter), y Manny Díaz Jr., R-Hialeah, presidente del Comité de Presupuesto de Educación de la Cámara y director de operaciones de Doral College (chárter). Se entiende que ambos hayan acumulado un grueso expediente de legislación favorable a la educación privada.

Vale aclarar, sin embargo, que tanto el partido republicano como el demócrata han apoyado con entusiasmo —sin donaciones de campaña nadie hace política— la extensión de las chárter. Recuérdese la Ley “No Child Left Behind” que firmó George W. Bush en el 2001 y la iniciativa “Race to the Top” de Barack Obama, que en el 2009 entregó miles de millones para impulsar su creación.

La reacción ante la demanda que preparan los distritos no se ha hecho esperar. La Florida Charter School Alliance la criticó fuertemente. “La demanda es un intento por ahogar la elección de los padres y penalizar a las familias que deciden optar por una escuela chárter”, indicó Lynn Norman-Teck, directora ejecutiva del grupo con sede en Fort Lauderdale. “Los dólares para la educación, ya sean asignados por el estado o creados localmente, deben asignarse al niño, para quien están destinados, y no encontrar su camino a los tribunales”.

Por su parte, el gobernador Rick Scott hizo saber su resuelto apoyo a la ley. “Tenemos que seguir asegurándonos de que cada padre reciba la garantía de que su hijo asiste a la escuela que, a su juicio, es la mejor. Y voy a seguir trabajando en eso”, afirmó.

Los defensores de la HB 7069 alegan que existe discriminación contra las chárter, insisten en su excelencia académica y carácter público, por lo que reclaman, en consecuencia, la parte del impuesto sobre la propiedad. Según arguyen ladinamente, las familias que han optado por estas escuelas también pagan impuestos…

Cómoda hibridez

En realidad, la escuela chárter constituye un híbrido entre la escuela pública y la privada. Recibe fondos del estado y del gobierno federal; es gratuita, pero la administra casi siempre una entidad privada, la cual no está obligada a respetar las regulaciones de las juntas escolares. No se somete al escrutinio público e instala juntas privadas que suelen trabajar en el más estricto secreto. Lo más singular y preocupante: escoge con pinzas su alumnado, lo cual representa, de hecho, un potencial de discriminación.

En conclusión, no parece probado su carácter estrictamente público. Según opinión de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), una escuela pública está abierta a todos los estudiantes; rinde cuentas ante juntas que no son nombradas por entidades privadas; no desvía fondos; se adhiere a las normas de responsabilidad aprobadas por el estado, al igual que a las leyes federales sobre derechos civiles. Evidentemente, la NAACP considera que dichas escuelas violan estos sagrados preceptos de legitimidad.

En cuanto a sus resultados, la Florida tiene récord de escuelas chárter clausuradas debido a escándalos, fraude y mala calidad en general. Hasta ahora no existen pruebas de que la instrucción que brindan esos centros sea superior a las escuelas públicas. Con todo, he podido conocer a excelentes maestros que realizan una formidable labor en algunos de esos centros, y a familias que se sienten muy complacidas con los servicios que encuentran allí.

Despojo de autoridad

Lo que escandaliza más a las juntas escolares es que la ley las despoja de la autoridad sobre las escuelas locales, una tradición que se remonta a principios del siglo XIX. En lo adelante una Junta de Tallahassee será la que tomará la decisión sobre cuestiones relacionadas con las chárter, entre ellas su apertura o clausura. Como se ve, la iniquidad puede florecer hasta en los pasillos del templo de Temis y Dice, diosas griegas del derecho y la justicia.

La idea de una escuela gratuita, universal y democrática está profundamente enraizada en la historia y cultura estadounidenses. Por ello la ley HB 7069 constituye una embestida a fondo contra la escuela pública. Esta es por esencia democrática, no solo porque ofrece acceso igualitario y gratuito al pan de la enseñanza, sino porque la entidad que las supervisa, la Junta Escolar, es elegida democráticamente por la población, posee control de los fondos públicos que se le asignan y rinde cuentas ante los contribuyentes.

La opción preferente

Asimismo, la ley HB 7069 es también un nuevo intento, desde el poder, de violar las leyes o de situarse por encima de ellas manipulando el concepto de “school choice”. La idea original de las chárter, como centro innovador y laboratorio creativo, alternativa a la escuela tradicional fue bienvenida en su momento. Nadie se atrevería a cuestionar un proyecto que siguiera patrones de calidad, si este se basa a la transparencia y la igualdad de acceso. Lamentablemente, hasta ahora nada de eso ha sucedido. De ahí la necesidad de mantener la escuela pública como opción preferente y trabajar resueltamente por mejorarla.

Las deficiencias, reales, de la educación pública no deben servir de justificación para que negocios privados medren con el dinero de los contribuyentes. Por lo pronto, estoy seguro de que otros distritos seguirán sumándose a la demanda contra la Legislatura. Siendo Miami-Dade uno de los más grandes del país y el mayor del estado, su incorporación tendrá un gran impacto. El superintendente Alberto Carvalho, quien ha sido un fuerte crítico de la ley, expresó días atrás que confiaba en que Miami-Dade también se les uniría. Así que no hay por qué esperar una decisión diferente de la Junta.

Periodista, profesor de Nova Southeastern University

emilscj@gmail.com

http://www.sehablaespanolblog.wordpress.com

LULAC se reúne en Miami para impulsar el liderazgo hispano

PARA SU DIVULGACIÓN INMEDIATALULAC-logo

Miami, 1 de mayo.- La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) anunció que efectuará la Convención Estatal del Consejo de Florida el viernes 5 y sábado 6 de mayo en el hotel Dadeland Marriott.

El tema del evento es “Empoderar el liderazgo para enfrentar los retos del mañana”. Los temas incluyen educación infantil, educación bilingüe, estrategias para lograr cambios, inmigración, economía /empleo, derechos civiles, Puerto Rico, familias de militares, cambio climático, atención médica, compromiso cívico y cuidado de ancianos.

Las sesiones —que se llevarán a cabo desde las 8:30 AM hasta las 9: 00 PM— son gratuitas, con excepción de ciertos eventos especiales, señalados en el programa.

Alberto Carvalho, superintendente de escuelas públicas de Miami-Dade, y el Dr. Pablo Ortiz, vicepresidente de Desarrollo Institucional de la Universidad Internacional de Florida (FIU), serán los oradores principales.

Para consultar el programa, pulse aquí:

Https://drive.google.com/file/d/0BxDK0HKIfZvedW1yTW1ENldNMzA/view

Para llenar el formulario de inscripción, pulse aquí: https://drive.google.com/file/d/0BxDK0HKIfZvecWhwWm5UVVRYQnM/view

Para información sobre patrocinadores de la Convención y detalles adicionales, pulse aquí: http://www.lulacflorida.org/2017-state-convention.html

Pre-inscripción para eventos con boleto: Sólo recepción: $ 20.00; Almuerzo $ 50.00; Cena $ 75.00

Daniel Shoer Roth: En la cuerda floja el español de la Florida

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El gobernador Rick Scott durante su discurso del Estado a la sesión conjunta de la legislatura de la Florida, 7 de marzo de 2017, en Tallahassee, Florida. Steve Cannon AP

El Nuevo Herald, 11 de marzo del 2017

El futuro del buen uso del idioma de Cervantes se traza en un capitolio donde la inmensa mayoría de los legisladores no sabe ni un ápice de español más allá de un hola y un adiós.

La Florida –cuyo ADN lleva la cultura hispánica reverdecida por oleadas de inmigrantes latinoamericanos que impulsan al estado a regresar a sus raíces originales con una mirada hacia el futuro– pudiera perder de vista uno de sus más valiosos baluartes: el bilingüismo.

 A diario somos testigos del quebranto vulgar de nuestro idioma, del tropiezo con el inglés –y su combinación empobrecedora al margen de la norma– en el habla rutinaria y los medios audiovisuales, del español de quincalla empleado por funcionarios públicos y celebridades, y del parco interés entre los descendientes de los inmigrantes en el aprendizaje de la lengua de sus abuelos.

La palabra como signo de inteligencia, como vigoroso vehículo para comunicar pensamientos, ha perdido valor, especialmente en las redes sociales, y pudiera devaluarse aún más en la sesión legislativa comenzada esta semana.

Son cuatro las pertinentes propuestas de ley en momentos en que las cosas marchan amarga y desesperadamente mal para el don del multiculturalismo, pues en Estados Unidos prosperan a granel los axiomas de la ideología English Only, vinculada con una postura netamente antiinmigrante y xenofóbica.

La más polémica, presentada en Tallahassee por segundo año consecutivo, pretende que los estudiantes de secundaria empleen los créditos de cursos en Programación Informática para sustituir la exigencia del adiestramiento en un segundo idioma, además de obligar al sistema universitario público a aceptar los créditos de computación como si correspondieran al estudio de idiomas.

Estas propuestas SB 104/HB 265 conducentes a una crisis comunicativa entre la juventud en una era informática de carácter impersonal, disiparían el interés de los alumnos en la instrucción de la lengua española; en los núcleos familiares hispanos a menudo tampoco se incentiva. Asimismo, menoscabaría el talento lingüístico requerido para el ingreso en las universidades privadas. ¡Vaya incoherente involución histórica!

Si bien se ha demostrado que el bilingüismo favorece las habilidades cognitivas y la inteligencia social, no existe un certificado de educación bilingüe para el personal docente en Florida. De modo que en las escuelas de Miami a veces se ven forzados a dictar cursos de español maestros de ascendencia hispana que no heredaron el uso correcto de la gramática, la riqueza del vocabulario y otros recursos literarios. El proyecto HB 1181 busca implementar dicho certificado, cuya obtención requerirá estudios especializados y demostrar competencia en el dominio de ambos idiomas, tanto hablado como escrito.

Al menoscabar los programas de educación bilingüe, el Estado cercena el progreso de los Aprendices del Idioma Inglés (ELL), estudiantes inmigrantes que precisan un nicho abundante en ayuda para llevar el fardo pesado de adaptación a una nueva lengua y cultura. Ya en años anteriores se exhortó a la Legislatura a establecer un Comité Asesor del Departamento de Educación en asuntos pertinentes a los ELL. Esa es la meta de la nueva propuesta SB 1630.

Son precisamente estas familias inmigrantes algunas de las que más se beneficiarían de programas y servicios asistenciales cuya información solo se divulga en inglés. En la Florida residen 3.7 millones de hispanohablantes; en el Condado Miami-Dade 1.5 millones. Es hora que un territorio nombrado por inspiración de expedicionarios españoles que lo descubrieron el día de Pascua Florida, responda mejor a las condiciones de su población. Mientras el español agoniza en la Casa Blanca, el proyecto SB 1532 aspira al trilingüismo, incluyendo creole, en las páginas web y comunicados de agencias floridanas.

Los materiales jamás serán poesía de Garcilaso de la Vega, ni los cursos escolares enseñarán a escribir como Isabel Allende, pero harán aportes para salvar algo del buen gusto literario y el oído musical de quienes atesoramos el español como lengua materna. Esta es una batalla más de la guerra entre la Florida monolingüe y la Florida bilingüe. No la perdamos.

Escritor venezolano, periodista, biógrafo y cronista del acontecer de Miami.

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